Artículo de esta semana

Vacunas, aspirina y herbicidas

Uno, lunes 30 de agosto de 2010

Santiago del Estero supo ver el riesgo, el peligro, las cosas mal hechas. Y después de una investigación solicitada por la Asociación de Profesionales de la Salud, la autoridad competente les ordenó suspender la incorporación de más bebés al estudio, y el 12 de julio de 2009 les impuso una multa de un millón de pesos. No cuestionaban la efectividad de la vacuna sino la forma cómo los responsables reclutaban a los bebés para investigar con ellos.

La noticia la explica la periodista Laura Casas en una revista que se edita en Barcelona y que está especializada en "pensamiento político, solidaridad, cooperación y relaciones internacionales". Dice que Santiago del Estero es la provincia con el índice más alto de analfabetismo y pobreza, pero no dice si fue por este motivo que la poderosa multinacional farmacéutica Glaxo Smith Klein (GSK) decidió hacer allí el estudio para investigar una vacuna contra la meningitis. Este mes de junio, esta empresa compró la argentina Laboratorios Phoenix.

En 2005, el gobernador Zamora lo declaró "de interés provincial" y de inmediato comenzó la incorporación de los bebés al estudio. Pero en seguida empezaron a observarse irregularidades. Al tratarse de niños objeto de estudio científico, sus padres debían dar autorización por escrito para que sus hijos recibieran las correspondientes dosis de vacuna y para que fueran sujetos de observación y análisis. Esta autorización es un documento que firman los padres después de leer y comprender perfectamente toda la información relativa a la investigación. Pero muchos padres no sabían leer ni escribir.

Una pediatra de apellido Marchese, del Hospital Eva Perón de Santiago del Estero, se quejó de que los profesionales ajenos al estudio no podían acceder a la historia clínica de los bebés, pese a que se les aplicaba el protocolo de investigación en los centros provinciales de salud. Agregó que las familias de los pacientes eran "la mayoría, de recursos escasos".

Se debe admitir que vacunas y antibióticos son dos de los avances más trascendentes de la historia, tal vez ningún invento los supera en beneficios para el conjunto de la humanidad. La humanidad también les debe mucho a insecticidas y herbicidas, porque permiten mejores cosechas y por tanto más alimento para más personas.

Pero también se debe admitir que desarrollar una vacuna o un antibiótico no es cosa fácil, y que pasadas las etapas de investigación en laboratorio y en animales de experimentación, es necesario comprobar la eficacia y la seguridad en personas, lo cual implica, lógicamente, unos riesgos.

Los estudios clínicos para establecer la eficacia y la seguridad de un medicamento en personas están regidos por una normativa estricta, que en general es tanto más estricta cuanto más avanzado sea el país donde se lleve a cabo la investigación. Se exige además la autorización de un comité científico y de un comité ético, ambos formados por especialistas ajenos a la investigación. Los países en vías de desarrollo suelen carecer de una legislación específica en este sentido, o bien disponen de una normativa poco estricta, y es por esto que algunas farmacéuticas eligen ciertos países para investigar, o simplemente probar, ciertas productos químicos, sean vacunas, sean antibióticos, sean herbicidas.

Un argumento ha tomado fuerza últimamente como aval de la seguridad de un producto: si está en uso en muchos países y se usa en cantidades enormes, esto habla a favor de que se trata de un producto seguro. Dos ejemplos bien conocidos demuestran que las cosas no son necesariamente así.

Todo el mundo conoce la aspirina, que es uno de los medicamentos más usados del mundo, y desde hace más de un siglo. Y en Santa Fe recordarán la Aspirineta, la pequeña aspirina para uso infantil. Considerada segura durante decenios para niños y bebés, poco a poco se fue viendo que para ellos no era tan segura como decían.

En efecto, después de numerosas observaciones clínicas, ya no se recomienda la aspirina para el control de la fiebre ni los síntomas gripales, ni para la varicela, en menores de 14 años. Esto se debe a que se ha visto que hay una relación entre la aspirina y el síndrome de Reye, una enfermedad neurológica grave; esta relación no está demostrada de manera inequívoca, pero basta la sospecha para recomendar que no se use aspirina o aspirineta en niños pequeños. Queda visto entonces que ni el largo tiempo de uso ni el uso generalizado aseguraban que la aspirina fuera inocua.

El otro ejemplo es el DDT, el conocido y potente insecticida que se usó ampliamente, durante años y en muchos países. Fue prohibido a partir de 1972 porque se demostró que durante largo tiempo se acumula en las cadenas que incluyen alimentos, y que por tanto puede resultar tóxico para las personas. La Organización Mundial de la Salud lo considera útil para combatir el mosquito que transmite el paludismo, pero lo considera peligroso para el medio ambiente, tóxico para el sistema nervioso y dañino para el embrión de ratón. Aquí también queda visto que ni el uso masivo y ni el uso extendido aseguran la inocuidad.

Tal vez no exista la seguridad absoluta, pero la comunidad debe aspirar a obtener de cada medicamento, de cada vacuna, de cada producto químico, el nivel más alto de seguridad que sea posible. Y debe exigir unos mínimos de garantía, y de responsabilidad. Debe rechazar el producto que no ofrezca garantías, y debe retirar el producto que sea sospechoso de no ser tan seguro que dicen.

La única manera para determinar con confianza la seguridad de un producto es mediante investigaciones realizadas por especialistas independientes, por instituciones ajenas a los intereses del fabricante o del vendedor. No se puede aceptar como válida ni suficiente la palabra sobre seguridad que ofrezcan el fabricante o el vendedor, porque puede estar condicionada por el poderoso interés de vender.

Y allí donde no se puedan hacer investigaciones, basta la observación seria y cuidadosa, repetida y comprobada. No es la comunidad quien debe demostrar, con lágrimas en los ojos, que un producto es peligroso, puesto que en este caso ya es tarde. Sino que serán las autoridades sanitarias quienes deben exigir garantías sobre eficacia y seguridad, más allá de los intereses económicos o políticos que estén en juego.